La Linterna del Traductor
NÚMERO 9

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Mesa redonda: Traducción e interpretación en los servicios públicos

Congreso X Aniversario de Asetrad

El sábado 28 de septiembre de 2013, en el marco del Congreso X Aniversario de Asetrad, la asociación organizó una interesante mesa redonda bajo el título «Traducción e interpretación en los servicios públicos», moderada por el traductor Raúl García y con la participación de Carmen Cedillo y Laura Izquierdo —traductoras e intérpretes— y de Pilar de Luna y Jiménez de Parga, magistrada y socia de honor de Asetrad.

Tenesor Rodríguez-Perdomo
Tenesor Rodríguez-Perdomo. Tras licenciarse en traducción e interpretación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y conseguir el nombramiento de intérprete jurado de inglés, cursó un doctorado y obtuvo la suficiencia investigadora con un trabajo sobre las dificultades de la traducción médica. Autónomo desde 2004, se dedica a la traducción de textos jurídicos y médicos y presta servicios de interpretación para la Administración de Justicia en Gran Canaria, así como en eventos y conferencias. Entre 2006 y 2007 compaginó la labor traductora con tareas de comunicación política. Desde la bitácora «Si la Malinche hablara», aborda reflexiones sobre la actualidad de la traducción y la interpretación.

La mesa redonda se dividió en cuatro bloques en los que las ponentes esbozaron las características, funciones, disfunciones y la situación actual de la traducción e interpretación judicial, precisamente pocas semanas antes de la finalización del plazo durante el cual los Estados que conforman la Unión Europea deben adaptar sus respectivas legislaciones a la Directiva Europea 2010/64/UE, relativa a la traducción e interpretación en los servicios públicos (TISP).

La jovencísima Carmen Cedillo dedicó su primera intervención a definir las distintas áreas en las que se prestan servicios de traducción e interpretación en los servicios públicos: desde los ámbitos médico-sanitario, judicial y administrativo, hasta áreas educativas y sociales, una disciplina que también recibe la denominación de traducción e interpretación social o comunitaria. Tras la descripción de los servicios que se prestan bajo este calificativo, Laura Izquierdo expuso las diferentes —y escasísimas— leyes y normas en las que se menciona la actividad de la TISP y el nombramiento de traductores e intérpretes para ámbitos como el judicial y el administrativo. Este rápido repaso a la legislación española dejó patente la ausencia de normas que regulen esta actividad en España, así como la existencia de normas aún vigentes que datan de finales del siglo xix.

Asimismo, Izquierdo mencionó brevemente la Directiva Europea y destacó los apartados en los que esta norma europea recoge aspectos relacionados con la calidad de la TISP. Pilar de Luna y Jiménez de Parga fue la encargada de exponer cuál es el resultado de estas carencias normativas y de la vigencia de textos anacrónicos que nada se corresponden con la sociedad actual ni con el mundo globalizado y multicultural en el que vivimos. Según señaló, «la legislación española es tan anticuada porque hasta ahora no teníamos inmigración en España, un fenómeno que, junto con la globalización, ha puesto de manifiesto nuestras carencias en este sentido». Además de exponer casos prácticos cotidianos en los que los servicios que prestan traductores e intérpretes tienen una trascendencia vital para los justiciables y para las víctimas de delitos, la magistrada demostró una vez más su concepción de la traducción y de la interpretación en los servicios públicos como una actividad humanista y como una responsabilidad social, su compromiso con la justicia y la defensa férrea de un sistema público de TISP contrario a los desproporcionados márgenes de beneficio que obtienen las empresas adjudicatarias que en la actualidad prestan estos servicios en distintas comunidades autónomas.

En los siguientes bloques, un poco más imprecisos en cuanto al contenido que se abordaba, se expusieron de forma sucinta las diversas vías a través de las que la Administración contrata a traductores e intérpretes para la prestación de estos servicios, el perfil de los profesionales y el gran desconocimiento de la labor que desempeñan. Precisamente esta fue una de las quejas más frecuentes de Carmen Cedillo y Laura Izquierdo, quienes relataron sus experiencias en el ámbito profesional y denunciaron, además, la falta de recursos a la hora de trabajar. Cabe destacar uno de los ejemplos expuestos por Laura Izquierdo, que denunció un caso en el que tres traductores disponían de un solo ordenador sin conexión a Internet ni impresora. Además de la necesidad de recursos económicos y materiales, Cedillo e Izquierdo también hablaron sobre la necesidad de contar con un plan de formación continua, no solo para los profesionales que traducen e interpretan para la Administración Pública, sino también para los funcionarios públicos, que aún desconocen cuáles son las funciones y las responsabilidades de los traductores e intérpretes y de qué forma su trabajo contribuye a la sociedad y al funcionamiento de la Administración.

Uno de los aspectos más esperados del debate, pero apenas abordado durante la mesa redonda, fue la tramitación de la transposición de la citada Directiva Europea 2010/64/UE. Según la magistrada, «en España, a estas alturas, aún no se ha puesto en marcha ni una sola modificación legislativa dirigida a transponer la Directiva Europea al ordenamiento legislativo español, lo cual puede suponerle a España una sanción». A este respecto, miembros de Asetrad y la misma Laura Izquierdo, perteneciente a la APTIJ, anunciaron varios encuentros de las asociaciones con representantes del Ministerio de Justicia para crear comisiones encargadas de transponer la directiva y sentar las bases del registro que establece dicha norma. También se recordó la firma de la denominada «Declaración de Barcelona», una carta redactada por las asociaciones de traductores e intérpretes que conforman la red Vértice y remitida en 2012 al Ministerio de Justicia en relación con la Directiva.

Si bien la mesa redonda sirvió para poner de manifiesto las diversas problemáticas y hacer un diagnóstico nada halagüeño sobre el presente y el futuro de la TISP —tanto para los profesionales como para los usuarios de estos servicios—, a pesar del interés que suscitaron las intervinientes y de la pasión que demostraron durante sus respectivas exposiciones, se echó en falta un coloquio más extenso en el que el público pudiera aportar opiniones y propuestas con las que afrontar los muchísimos retos a los que se enfrentan los profesionales de la TISP. No cabe duda de que la Directiva —siempre que se aplique de forma consensuada, con financiación suficiente y basada en casos satisfactorios como el de Austria— podría suponer un avance para los profesionales y los usuarios. Sin embargo, en lo que a la Directiva se refiere, la mesa redonda solo sirvió para diagnosticar un problema cuya única novedad es la ausencia de avances en el proceso de transposición de esta norma.

Los demás problemas —ausencia de financiación, falta de formación y financiación, desconocimiento de las labores y responsabilidades de los traductores e intérpretes, las dificultades que entrañan las diferencias culturales y los problemas derivados de la externalización de estos servicios— no son nuevos. Así pues, tras este diagnóstico de gravedad, va siendo hora de empezar a buscar el tratamiento que ya otros países cercanos y también algunas comunidades españolas han aplicado con buenos resultados. Para ello, el trabajo asociativo y las aportaciones individuales serán de vital importancia si se pretende lograr un sistema de traducción e interpretación en los servicios públicos que resulte satisfactorio para todos. A juzgar por el panorama actual y los pocos avances logrados hasta la fecha, el resultado más plausible de una mala transposición es la vuelta al sistema de contratación que tanto daño está haciendo en el Reino Unido.

Por lo tanto, al margen de la crítica evidente y necesaria a la Administración y a la reciente aparición interesada de informaciones partidistas en diversos medios de comunicación, es necesaria también cierta autocrítica con respecto a la labor de las asociaciones de traductores e intérpretes y de otras entidades relacionadas con la profesión, como las universidades. Esta autocrítica se fundamenta en la escasa información relativa a las negociaciones —actualmente paralizadas— para la transposición de la Directiva 2010/64/UE; dado que no podemos correr el riesgo de cargar toda la responsabilidad de los resultados a los escasos miembros de las comisiones a las que se les ha encomendado la labor de representarnos ante el Ministerio, es preciso articular de manera urgente canales de información internos y externos, fijar un calendario y un plan de trabajo propios, coordinar acciones con otras entidades —como las universidades— que también están trabajando en esta materia y tomar la iniciativa ante la Administración. De lo contrario, podemos estar desaprovechando el trabajo y el esfuerzo de numerosos profesionales dispuestos a ayudar y contribuir con aportaciones a unas negociaciones que van a ser decisivas para el desarrollo de nuestra profesión durante las próximas décadas.

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